18/12/2015. “Derecho universal a la sanidad: Por humanidad, por dignidad”
En
junio de 2012 nos concentrábamos en un CIRCULO DE SILENCIO, ante una nueva
muestra de vulneración de los derechos
de las personas inmigrantes, ya que el
24 de abril de ese año se aprobó la
norma de “medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones”, que entre otras medidas, eliminaba la
asistencia sanitaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia.
Tres años después de esta medida se ha evaluado su primera consecuencia: “la violación del derecho universal a la
salud de toda persona y la discriminación sistemática de los residentes en
España según la ciudadanía, la residencia o la condición de la persona migrante,
con la adopción del Real Decreto-Ley, el Gobierno ha optado por incrementar el
proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular, en lugar
de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la
sanidad".
Tres
años después continuamos “gritando en
silencio” ante esta desprotección que siguen sufriendo miles de personas, sin acceso al sistema
sanitario y enredados en una madeja legal que vulnera el derecho a la salud, recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Las recientes críticas de algunas autonomías y la disparidasad de opiniones
entre formaciones, incluso en las filas del propio partido del Gobierno, han
cristalizado en la primera denuncia cuatelar elevada ante el defensor del
Pueblo, por la Red Española de Inmigración. Esta plataforma, que integra
juristas y expertos ebn este fenómeno social, considera que el requisito que
planteó el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el mes de
agosto pasado, sobre los requisitos que deben cumplir, para recibir asistencia
médica las personas sin papeles, es un intento de “estigmatizar a las personas inmigrantes” además de provocar un
“efecto llamada” a posturas radicales, xenófobas y contrarias a las políticas
de integración.
Ante
lo que sigue siendo una violación del
artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifestamos
que “ningún ahorro económico compensará el modo
en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones
públicas”. Estamos convirtiendo
en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles
de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y
prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras
propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.
La medida es cobarde
porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos
la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora.
Estamos a punto de emitir nuestro voto para elegir el Gobierno que dirigirá
nuestro rumbo en los próximos 4 años. Exijámosle que rectifique esta medida y continúe ofreciendo
asistencia médica a los inmigrantes
irregulares ya que "cualquier migrante es una persona humana que, como
tal, tiene derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados por
todos en cualquier situación". No admitamos la derrota del sentido común. No aceptemos que, “tratando de no ser una sociedad pobre, nos estemos
transformando en una sociedad estúpida y cruel”.
