18/12/2015. “Derecho universal a la sanidad: Por humanidad, por dignidad”

En junio de 2012 nos concentrábamos en un CIRCULO DE SILENCIO, ante una nueva muestra de  vulneración de los derechos de las personas inmigrantes,  ya que el 24 de abril  de ese año se aprobó la norma de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, que entre otras medidas, eliminaba la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia.

Tres años después de esta medida se ha evaluado su primera consecuencia: “la violación del derecho universal a la salud de toda persona y la discriminación sistemática de los residentes en España según la ciudadanía, la residencia o la condición de la persona migrante, con la adopción del Real Decreto-Ley, el Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular, en lugar de abordar los obstáculos administrativos que dificultaban su acceso a la sanidad".

Tres años después continuamos “gritando en silencio” ante esta desprotección que siguen sufriendo miles de personas, sin acceso al sistema sanitario y enredados en una madeja legal que vulnera el derecho a la salud,  recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las recientes críticas de algunas autonomías y la disparidasad de opiniones entre formaciones, incluso en las filas del propio partido del Gobierno, han cristalizado en la primera denuncia cuatelar elevada ante el defensor del Pueblo, por la Red Española de Inmigración. Esta plataforma, que integra juristas y expertos ebn este fenómeno social, considera que el requisito que planteó el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el mes de agosto pasado, sobre los requisitos que deben cumplir, para recibir asistencia médica las personas sin papeles, es un intento de “estigmatizar a las personas inmigrantes” además de provocar un “efecto llamada” a posturas radicales, xenófobas y contrarias a las políticas de integración.

Ante lo que sigue siendo  una violación del artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifestamos que “ningún ahorro económico compensará el modo en el que esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras instituciones públicas”. Estamos convirtiendo en un infierno de incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar. Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de tercera clase.

La medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que no pueden defenderse. Por eso es absolutamente esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la voz lo hagamos ahora.

Estamos a punto de emitir nuestro voto para elegir el Gobierno que dirigirá nuestro rumbo en los próximos 4 años. Exijámosle que rectifique esta medida y continúe ofreciendo asistencia médica a  los inmigrantes irregulares ya que "cualquier migrante es una persona humana que, como tal, tiene derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados por todos en cualquier situación". No admitamos la derrota del sentido común. No aceptemos que, “tratando de no ser una sociedad pobre, nos estemos transformando en una sociedad estúpida y cruel”.


Valladolid, 18 de diciembre de2015

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